La resolución de disputas en línea (ODR, por sus siglas en inglés) es el uso de plataformas digitales para resolver conflictos sin que las partes tengan que reunirse ni acudir a un tribunal. Incluye la negociación asistida, la mediación por videoconferencia y el arbitraje electrónico. La resolución de disputas basada en blockchain es una variante más reciente. Usa contratos inteligentes y redes de jurados distribuidos para decidir una controversia y, en algunos casos, ejecutar la decisión de forma automática.
El área tiene dos lados. Uno es el de las controversias sobre activos digitales y contratos inteligentes, que llegan a los tribunales y a los árbitros convencionales. El otro es el de los mecanismos nuevos de decisión, como Kleros, y la pregunta de si sus decisiones valen jurídicamente. Esta página explica ambos desde el derecho dominicano.
El punto de partida: el arbitraje comercial
En la República Dominicana, la vía para que la decisión de un tercero privado obligue a las partes y pueda ejecutarse es el arbitraje. Por eso la Ley núm. 489-08 sobre Arbitraje Comercial es la norma de referencia.
Su artículo 10 define el acuerdo de arbitraje como aquel por el cual las partes deciden someter a arbitraje las controversias «respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual». Y exige forma escrita, con una definición pensada para medios electrónicos. El acuerdo es escrito cuando consta «en un intercambio de cartas, faxes, telegramas, correos electrónicos u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo».
La Ley núm. 126-02 de Comercio Electrónico refuerza la misma idea. Su artículo 5 dispone que cuando una norma requiera que la información conste por escrito, «dicho requisito quedará satisfecho con un documento digital o mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta».
Con estas dos normas, una cláusula arbitral aceptada en una plataforma o incorporada a un contrato inteligente puede cumplir el requisito de forma, siempre que su texto sea legible por una persona y pueda consultarse después. El código por sí solo, sin un texto que exprese el acuerdo, plantea un problema de prueba del consentimiento.
Comenté los principios de esta ley en Comentarios sobre el Arbitraje Comercial en la República Dominicana.
La competencia del árbitro y la intervención judicial limitada
La Suprema Corte de Justicia ha sido consistente en proteger la cláusula arbitral. En su sentencia SCJ-PS-24-2738 del 20 de diciembre de 2024, la Primera Sala sostuvo que en virtud del principio kompetenz-kompetenz, contenido en el artículo 20 de la Ley 489-08, «en todo litigio vinculado a un contrato que contenga un convenio arbitral, el tribunal arbitral es el único competente para conocer sobre la controversia y por vía de consecuencia para decidir si esa disputa particular está comprendida dentro de su competencia conforme a la cláusula arbitral».
En la misma sentencia añadió que las cláusulas arbitrales «deben ser respetadas por los jueces del fondo como por los jueces de lo provisional, debiendo los primeros declarar su incompetencia cuando les sea solicitada y, los segundos, su falta de poder».
Para una plataforma que incluye una cláusula de resolución de disputas en sus términos, este criterio es la mejor protección frente a demandas en tribunales ordinarios. Siempre que la cláusula sea válida como acuerdo de arbitraje.
Kleros y el arbitraje descentralizado
Kleros es un protocolo de resolución de disputas construido sobre la red Ethereum. Las partes de un contrato inteligente pactan que, si surge un conflicto, lo resolverá un panel de jurados seleccionados al azar entre quienes han depositado tokens del protocolo. Los jurados revisan la evidencia, votan, y el contrato inteligente ejecuta el resultado.
El atractivo es claro en disputas de poca cuantía, transfronterizas o entre partes que no confían en un tribunal concreto. Las dudas jurídicas también son claras. Los jurados son anónimos, no tienen que ser abogados y su incentivo es económico. La evidencia se valora en un entorno digital sin las reglas de un proceso. Analicé estos problemas probatorios en «KLEROS», un protocolo de cripto-arbitraje: las problemáticas procesales de la valoración de pruebas digitales en los cibertribunales.
La pregunta práctica es si una decisión de Kleros puede ejecutarse fuera de la red, contra bienes en el mundo físico. Un tribunal mexicano lo hizo en 2021, en un caso de arrendamiento. Estudié qué habría pasado con un caso igual en la República Dominicana en ¿Qué hubiese ocurrido en RD? La viabilidad de los laudos emitidos por protocolos de resolución de disputas blockchain, y su aplicación al consumo en Justicia Descentralizada y Resolución de Disputas en materia de Consumo.
Ejecución: la Convención de Nueva York
Si el laudo se dicta fuera del país, el artículo 42 de la Ley 489-08 remite a los tratados. «Los laudos arbitrales pronunciados en el extranjero se ejecutan en la República Dominicana, de conformidad con la presente ley y los tratados, pactos o convenciones vigentes en el país, que les fueren aplicables».
El tratado relevante es la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, aprobada por el Congreso mediante la Resolución núm. 178-01. Su artículo II obliga a los Estados a reconocer «el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica».
El artículo V enumera las causas por las que puede denegarse la ejecución. Entre ellas, que el acuerdo no sea válido según la ley aplicable, o que la parte contra la que se invoca el laudo no haya sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento, o no haya podido «hacer valer sus medios de defensa».
Aplicadas a una decisión de un protocolo descentralizado, estas causas plantean preguntas concretas. Quién es el árbitro cuando el panel es anónimo. Cómo se notificó a la parte que no participó. Si un procedimiento sin audiencia respeta el derecho de defensa. Y si una decisión adoptada por agentes automatizados es un laudo. Desarrollé estas preguntas en Adjudicación Algorítmica en la Resolución de Disputas mediante Blockchain: Un Análisis bajo la Convención de Nueva York.
La acción en nulidad
Un laudo dictado en la República Dominicana solo puede atacarse mediante la acción en nulidad del artículo 39 de la Ley 489-08, que debe ejercerse «dentro del mes siguiente a su notificación». Las causas son tasadas. Entre ellas, que haya habido «inobservancia del debido proceso, que se haya traducido en violación al derecho de defensa», que la composición del tribunal arbitral no se haya ajustado al acuerdo, que la materia no sea arbitrable y que el laudo sea contrario al orden público. Las tres últimas pueden apreciarse de oficio.
Quien diseña un mecanismo de resolución de disputas para una plataforma debe construirlo pensando en estas causas, porque son las que usará la parte perdedora.
Controversias sobre activos digitales
El otro lado del área son los conflictos que involucran criptoactivos, tokens y contratos inteligentes, resueltos por tribunales o árbitros convencionales. Incumplimientos de contratos de compraventa de criptoactivos, fondos retenidos por una plataforma, errores en la ejecución de un contrato inteligente, fraudes.
El marco regulatorio influye en estas disputas. El Reglamento de Sistemas de Pago define el activo virtual como «Representación digital de valor que puede comercializarse o transferirse digitalmente y utilizarse para fines de pago o inversión» y prohíbe a los proveedores de servicios de pago ofrecer productos basados en ellos. El artículo 121 del Reglamento para los Intermediarios de Valores prohíbe a los intermediarios invertir o intermediar con activos virtuales. Que una contraparte regulada haya operado en contra de esas prohibiciones puede ser relevante para su responsabilidad.
En estas controversias la prueba es técnica. Las transacciones en la cadena son públicas y verificables, pero hay que vincular direcciones con personas, preservar la evidencia y presentarla de forma que un juez pueda valorarla.
Cómo trabajo en esta área
Redacto cláusulas de resolución de disputas para plataformas y contratos inteligentes, con atención a su validez como acuerdo de arbitraje y a su ejecución posterior. Asesoro en controversias sobre activos digitales, ante tribunales y en arbitraje. Y sigo de cerca la investigación académica sobre justicia descentralizada, que he publicado en este sitio.
Si tienes una disputa sobre activos digitales o quieres diseñar un mecanismo de resolución para tu plataforma, puedes escribirme.