Derecho digital y regulación económica en la República Dominicana: datos, plataformas y sectores regulados

Joan Bisonó — 2026-11-18T09:00:00.000Z

Derecho Administrativo · Derecho Digital · Protección de Datos · Comercio Electrónico · Regulación Económica · Procedimiento Administrativo · República Dominicana

Las normas dominicanas del derecho digital y la regulación económica: comercio electrónico (Ley 126-02), datos personales (Ley 172-13), delitos de alta tecnología (Ley 53-07), procedimiento administrativo (Ley 107-13) y competencia (Ley 42-08).

El derecho digital agrupa las normas que se aplican cuando una actividad pasa por medios electrónicos. Contratos firmados en línea, datos personales, delitos cometidos con tecnología, plataformas que intermedian entre usuarios. La regulación económica es el conjunto de normas con que el Estado ordena los sectores que considera de interés público, como el financiero, las telecomunicaciones, la energía o la competencia, y el procedimiento que deben seguir los órganos que lo hacen. Las dos se cruzan cada vez más. Un regulador sectorial que dicta una norma sobre datos o sobre plataformas está haciendo, a la vez, derecho digital y regulación económica.

Esta página explica las normas dominicanas que forman el área y cómo se usan en la práctica.

Documentos electrónicos y comercio electrónico

La Ley núm. 126-02 sobre el Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales es la base. Su artículo 4 establece el principio de equivalencia: «No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de documento digital o mensaje de datos».

El artículo 5 resuelve la pregunta más frecuente, la del requisito de forma escrita. «Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, dicho requisito quedará satisfecho con un documento digital o mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta». La regla se aplica, añade el artículo, tanto si el requisito es una obligación como si la norma prevé consecuencias por su falta.

En la práctica, esto sostiene la contratación en línea, los términos y condiciones de una plataforma y la aceptación por clic. Lo que la ley no resuelve sola es la prueba. Quien quiera hacer valer un contrato electrónico debe poder demostrar quién lo aceptó, cuándo y con qué contenido. Ahí entran la firma digital, los sellos de tiempo y la conservación de registros.

Protección de datos personales

La Ley núm. 172-13 tiene por objeto, según su artículo 1, «la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean éstos públicos o privados», así como garantizar «que no se lesione el derecho al honor y a la intimidad de las personas». El mismo artículo extiende la ley a las sociedades de información crediticia.

La regla general es el consentimiento. El artículo 27 enumera los casos en que no se necesita, entre ellos los datos que se obtengan de fuentes de acceso público, los que deriven «de una relación comercial, laboral o contractual» y resulten necesarios para su cumplimiento, y los que se hayan sometido a un procedimiento de disociación «de modo que los titulares de los datos no sean identificables».

La garantía judicial es el hábeas data. El Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0024/13, explicó que esta garantía tiene una doble dimensión. Una sustancial, «que comporta el derecho a acceder a la información misma que sobre una persona se maneja», y otra instrumental, en tanto permite proteger otros derechos «tales como: el derecho a la intimidad, a la defensa de la privacidad, a la dignidad humana, la información personal, el honor, la propia imagen, la identidad, la autodeterminación informativa, entre otros».

Para una empresa, el trabajo en esta área consiste en mapear qué datos trata, con qué base, quién accede a ellos y a dónde se transfieren. El uso de servicios en la nube y de modelos de inteligencia artificial alojados fuera del país hace esta última pregunta cada vez más relevante. Escribí sobre ese riesgo en ¿Estás cediendo tus datos a China? DeepSeek y la carrera por la supremacía de la IA, y sobre el modelo europeo en Comentario al Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea.

Delitos de alta tecnología

La Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología tiene por objeto, según su artículo 1, «la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información y comunicación y su contenido, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra éstos o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías en perjuicio de personas física o morales».

Para las empresas, la ley aparece en dos momentos. Cuando son víctimas de un acceso no autorizado, un fraude electrónico o una filtración, y necesitan preservar la evidencia y presentar la querella. Y cuando la autoridad les pide información de usuarios en el marco de una investigación. En ambos casos la calidad de la evidencia digital decide el resultado. Traté la obtención de evidencia en fuentes abiertas en Open-Source Intelligence (OSINT) como LegalTech.

Regulación económica y procedimiento administrativo

Los sectores regulados funcionan con normas que dicta la Administración, como los reglamentos de la Junta Monetaria, las resoluciones del INDOTEL, las normas de la Superintendencia del Mercado de Valores o las resoluciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. La Ley núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo fija cómo deben hacerse.

Su artículo 31 exige que la elaboración de reglamentos respete principios como la «Decisión bien informada», la «Audiencia de los ciudadanos directamente afectados en sus derechos e intereses», la participación del público y la «Ponderación y motivación». Según el mismo artículo, la audiencia debe producirse «en todo caso antes de la aprobación definitiva del texto reglamentario» y con un plazo «razonable y suficiente». Y la entrada en vigor del reglamento «requiere su previa e íntegra publicación».

Estas reglas son útiles para dos cosas. Para participar en la consulta de una norma en proyecto y hacer valer los intereses del sector. Y para cuestionar una norma ya dictada sin consulta o sin motivación. Analicé un ejemplo en Naturaleza y competencia del borrador normativo del MICM sobre el Registro Mercantil, y el fundamento constitucional de este procedimiento en El procedimiento administrativo y sus cimientos constitucionales: Artículo 138.2.

La potestad sancionadora tiene sus propios límites. El artículo 35 de la misma ley dispone que «La potestad sancionadora de la Administración Pública sólo podrá ejercerse en virtud de habilitación legal expresa» y que su ejercicio corresponde «exclusivamente a los órganos administrativos que la tengan legalmente atribuida». Un regulador que sanciona sin una ley que lo habilite, o que delega esa potestad en quien no la tiene, dicta un acto atacable.

Competencia en mercados digitales

La Ley núm. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia tiene por objeto, «con carácter de orden público, promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios». Se aplica a las plataformas igual que a cualquier agente económico. Las preguntas típicas en mercados digitales son las cláusulas de exclusividad con comercios, las condiciones de acceso a una plataforma dominante y el uso de datos de terceros para competir con ellos.

La competencia también es un argumento frente al regulador. Una regulación sectorial que impone a un nuevo entrante las mismas cargas que al incumbente puede funcionar como barrera de entrada. Lo planteé para los pagos digitales en ¡S.O.S FINTECH!.

Cómo trabajo en esta área

Asesoro a empresas de tecnología y a empresas tradicionales que digitalizan su operación. El trabajo incluye términos y condiciones, políticas de privacidad y contratos de tratamiento de datos, respuesta a incidentes, y la relación con los reguladores sectoriales en consultas públicas, solicitudes, recursos administrativos y, cuando hace falta, el contencioso administrativo.

Si tu empresa tiene una pregunta sobre datos, contratación electrónica o una norma de un regulador, puedes escribirme.