Fintech es la prestación de servicios financieros apoyada en tecnología. Pagos, billeteras, crédito, cambio de divisas, inversión. RegTech es la tecnología que usan las empresas para cumplir la regulación: verificar identidad a distancia, monitorear transacciones, reportar al supervisor. Las dos se encuentran con el mismo problema. En la República Dominicana casi todas las actividades financieras están reservadas a quien tenga autorización, y el régimen de esa autorización se pensó para bancos.
Esta página explica cómo funciona el área en la práctica, quién supervisa cada actividad y qué preguntas aparecen cuando un proyecto tecnológico entra en un sector regulado.
El marco general: la Administración Monetaria y Financiera
El punto de partida es la Ley núm. 183-02, Monetaria y Financiera. Su artículo 1 dice que la regulación del sistema «se lleva a cabo exclusivamente por la Administración Monetaria y Financiera» y que comprende «la fijación de políticas, reglamentación, ejecución, supervisión y aplicación de sanciones». Esa Administración la forman la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos.
La Junta Monetaria dicta los reglamentos y otorga las autorizaciones. Entre sus atribuciones, el artículo 9 de la ley incluye «Dictar los Reglamentos Monetarios y Financieros para el desarrollo de la presente Ley» y «Otorgar y revocar la autorización para funcionar como entidad de intermediación financiera». El Banco Central regula y opera los sistemas de pago. La Superintendencia de Bancos supervisa a las entidades y dicta instructivos y circulares.
El mismo artículo 1 deja fuera de este bloque al mercado de valores, los seguros y las pensiones, que «se regirán por sus propias Leyes». Para un proyecto fintech esto tiene una consecuencia práctica. Según lo que haga el producto, el supervisor puede ser el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores o varios a la vez. Lo primero que hago en cualquier proyecto es ese mapa.
Pagos y dinero electrónico
Es el segmento más desarrollado. El Reglamento de Sistemas de Pago, en su versión modificada por la Junta Monetaria el 28 de agosto de 2025, regula a los proveedores de servicios de pago. Entre ellos están las entidades de pago electrónico, las empresas de adquirencia y subadquirencia, los proveedores de billetera digital, los de iniciación de pagos y los de pasarela de pago.
La entidad de pago electrónico es, según su artículo 4, la «Sociedad de objeto exclusivo autorizada por la Junta Monetaria para proveer servicios de pago mediante cuentas de pago electrónico a través de soluciones tecnológicas». La cuenta de pago electrónico almacena un importe «considerado como dinero electrónico, que no constituye un depósito». Esa última precisión importa. La entidad de pago electrónico mueve dinero de sus clientes, pero no capta depósitos y por eso no se convierte en banco.
El artículo 19 añade que esas cuentas «reflejarán como balance el valor nominal recibido de parte de los usuarios y no generarán intereses», y que el titular puede pedir la devolución de sus fondos «en cualquier momento». El artículo 17 enumera las obligaciones de la entidad. Tres marcan el modelo de negocio. No puede otorgar créditos «con cargo a fondos propios o recibidos para las cuentas de pago electrónico». Debe separar sus fondos de los de sus clientes. Y no puede ofrecer «productos ni servicios basados en activos virtuales».
Los considerandos de la resolución que aprobó el reglamento explican por qué se descartó que estas entidades prestaran con los fondos de sus clientes. Hacerlo «convertiría la figura en una entidad de intermediación financiera contraviniendo las disposiciones establecidas sobre esta actividad en la citada Ley Monetaria y Financiera». El Banco Central también descartó que la entidad de pago electrónico y el proveedor de billetera digital ofrecieran servicios del mercado de valores.
He escrito antes sobre el costo de cumplimiento que este régimen impone a empresas pequeñas, en ¡S.O.S FINTECH! La exhaustiva lucha de las Empresas de Pagos Digitales contra una regulación asfixiante.
Crédito digital
Prestar dinero propio y captar dinero del público para prestarlo son actividades distintas. La segunda es intermediación financiera y exige autorización. El artículo 35, literal a, de la Ley 183-02 dispone que «Para actuar como entidad de intermediación financiera, deberá obtenerse la autorización previa de la Junta Monetaria, que sólo podrá ser denegada por razones de legalidad y no de oportunidad».
En la práctica, la estructura de financiamiento de una plataforma de crédito decide su régimen. Si presta con capital propio o con líneas de financiamiento institucional, opera fuera del perímetro bancario, aunque sigue sujeta a las normas de protección del consumidor, de datos personales y de prevención de lavado. Si recibe dinero de personas para prestarlo a otras, entra en el terreno de la intermediación. Ahí está el riesgo de los modelos de préstamos entre particulares que no se diseñan con cuidado.
Los bancos que quieren vender crédito por canales digitales tienen otra pregunta, la de la contratación a distancia. La Circular SB CSB-REG-2026000013 permite a las entidades de intermediación financiera vincular clientes, personas físicas y jurídicas, «a través de mecanismos semiautomatizados o automatizados, sin interacción presencial», siempre que los resultados de la verificación «generen una confianza equivalente a un proceso presencial».
El ambiente de prueba (sandbox)
La República Dominicana no tiene una ley de sandbox regulatorio. Lo que existe es un mecanismo administrativo. La Circular SB núm. 004/23 permite a las entidades de intermediación financiera solicitar la no objeción de la Superintendencia de Bancos para incorporar modelos de negocio, productos o servicios novedosos «de manera temporal, en un ambiente de prueba».
La misma circular recuerda que el Banco Central y las superintendencias impulsaron el HUB de Innovación Financiera, cuyo objetivo es «orientar e impulsar innovaciones financieras dentro del marco legal vigente, así como proponer las reformas necesarias al marco jurídico».
Hay dos límites que conviene leer antes de presentar un proyecto. El ambiente de prueba está dirigido a entidades de intermediación financiera, no a cualquier empresa. Y la circular advierte que obtener la no objeción y tener resultados satisfactorios «no supone la aprobación para la realización permanente de la actividad». Una startup sin licencia suele entrar a este esquema de la mano de un banco.
Activos virtuales
El Reglamento de Sistemas de Pago define el activo virtual como «Representación digital de valor que puede comercializarse o transferirse digitalmente y utilizarse para fines de pago o inversión». Y prohíbe a todos los proveedores de servicios de pago que regula ofrecer productos o servicios basados en ellos.
En el mercado de valores la regla es parecida. El artículo 121 del Reglamento para los Intermediarios de Valores dispone que estos «no podrán invertir ni realizar actividades de intermediación con activos virtuales, aún si tales instrumentos son reconocidos como valores en otras jurisdicciones».
No hay, por tanto, un régimen de licencia para exchanges o custodios de criptoactivos. Lo que hay son prohibiciones dirigidas a las entidades reguladas. Esto deja a los proyectos de activos virtuales en una zona sin autorización específica, expuestos a las reglas generales y, en especial, a las de prevención de lavado. Analicé el lugar de los algoritmos en el mercado de capitales en Impacto y regulación de las nuevas tecnologías.
Prevención de lavado y conocimiento del cliente
La Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo enumera en su artículo 32 a los sujetos obligados financieros. Entre ellos están las entidades de intermediación financiera, los intermediarios de valores, quienes intermedian en el cambio y la remesa de divisas, las fiduciarias y las sociedades administradoras de fondos.
El párrafo I del mismo artículo permite ampliar la lista. El Comité Nacional contra el Lavado de Activos puede incluir por vía reglamentaria «a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se considere que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo». Para una fintech, esto significa que su condición de sujeto obligado puede venir de su licencia o de una decisión posterior del regulador.
Aquí es donde RegTech deja de ser un concepto. La verificación de identidad a distancia, la debida diligencia del cliente, el monitoreo de operaciones y el reporte de operaciones sospechosas se hacen con tecnología o no escalan. La circular de onboarding digital de la Superintendencia exige, como mínimo, «controles para la validación de identidad y conocimiento del cliente».
Datos personales
Toda fintech trata datos personales y casi todas tratan datos financieros. La Ley núm. 172-13 exige consentimiento como regla y enumera excepciones en su artículo 27. Una de ellas cubre los datos que reciben de sus clientes «las entidades de intermediación financiera reguladas por la Ley Monetaria y Financiera», las sociedades de información crediticia y las entidades que desarrollan herramientas de puntaje de crédito. Una empresa que no esté en esa lista no puede apoyarse en esa excepción.
SupTech: el supervisor también usa tecnología
El otro lado del área es SupTech, la tecnología que usa el supervisor para recibir reportes, detectar riesgos y sancionar. Cuando el supervisor automatiza, espera del supervisado datos estructurados, reportes en plazos más cortos y sistemas que puedan conectarse con los suyos. Desarrollé esa evolución en Evolución tecnológica y desafíos regulatorios en el sector financiero: FinTech, RegTech y SupTech en la República Dominicana.
Cómo trabajo en esta área
El trabajo empieza por clasificar la actividad. Qué hace el producto, con el dinero de quién, y qué norma reserva esa actividad. De ahí sale la ruta, que puede ser solicitar una autorización, operar bajo la licencia de un tercero, rediseñar el producto para que quede fuera del perímetro o presentar un proyecto al ambiente de prueba. Después vienen la autorización ante la Junta Monetaria y el Banco Central, las políticas de prevención de lavado y de datos, los contratos con bancos y proveedores y la relación con el supervisor una vez la empresa opera.
Si tu proyecto toca pagos, crédito o activos digitales y quieres revisar su encaje regulatorio, puedes escribirme.