Mercado de valores en la República Dominicana: cumplimiento regulatorio para emisores, intermediarios y participantes

Joan Bisonó — 2026-11-18T09:00:00.000Z

Mercado de Capitales · Mercado de Valores · SIMV · Ley 249-17 · Fideicomiso · Cumplimiento Regulatorio · República Dominicana

Cómo está organizado el mercado de valores dominicano bajo la Ley 249-17: la SIMV y el Consejo Nacional, qué es una oferta pública, emisores, intermediarios, fondos, fideicomisos de oferta pública y el procedimiento sancionador.

El mercado de valores es el espacio donde las empresas y el Estado obtienen financiamiento del público mediante la emisión de valores, y donde los inversionistas compran y venden esos valores. El derecho del mercado de valores regula quién puede emitir, quién puede intermediar, qué información debe darse y cómo se sanciona a quien incumple. Su razón de ser es una asimetría. El emisor sabe más de sí mismo que el inversionista, y la ley obliga a reducir esa distancia.

Esta página explica cómo está organizado el mercado dominicano, quiénes participan en él y qué obligaciones asume cada uno.

La ley y su objeto

La norma central es la Ley núm. 249-17 del Mercado de Valores. Su artículo 1 fija el objeto. La ley busca «regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente, con la finalidad de proteger los derechos e intereses del público inversionista, minimizar el riesgo sistémico, fomentar una sana competencia y preservar la confianza en el mercado de valores».

De esa frase salen casi todas las reglas que siguen. La información debe ser «veraz, suficiente y oportuna». El intermediario debe evitar conflictos de interés. El supervisor puede sancionar. Cuando una norma reglamentaria es dudosa, suele interpretarse a la luz de ese objeto.

El supervisor: la SIMV y el Consejo Nacional del Mercado de Valores

La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) tiene, según el artículo 7 de la ley, el objeto de «promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente, proteger a los inversionistas, velar por el cumplimiento de esta ley y mitigar el riesgo sistémico, mediante la regulación y la fiscalización de las personas físicas y jurídicas que operan en el mercado de valores».

Por encima de ella está el Consejo Nacional del Mercado de Valores. El artículo 13 lo define como «el órgano superior de la Superintendencia, con funciones esencialmente de naturaleza normativa, fiscalizadora y de control». El Consejo dicta los reglamentos de aplicación de la ley a propuesta del Superintendente, aprueba la intervención, suspensión o liquidación de participantes y conoce los recursos jerárquicos contra las decisiones del Superintendente.

En la práctica esto produce dos niveles de normas. Los reglamentos del Consejo y las circulares e instructivos de la Superintendencia. Un cliente regulado tiene que seguir los dos.

Qué es un valor y qué es una oferta pública

El artículo 3 de la ley contiene las definiciones que deciden si una operación entra o no en el mercado regulado. Un valor es «un derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente económico, que incorpora un derecho literal y autónomo que se ejercita por su titular legitimado».

La oferta pública es «todo ofrecimiento, directo o indirecto, realizado por cualquier persona al público en general o a sectores o grupos específicos de éste, a través de cualquier medio de comunicación o difusión, para que suscriban, adquieran, enajenen o negocien individualmente un número indeterminado de valores».

Esta definición es amplia y es la que más consultas genera. Una campaña en redes sociales para captar inversionistas, una plataforma que vende participaciones en un proyecto o una emisión de tokens con promesa de rendimiento pueden caer en ella. Lo primero que hago ante un proyecto de captación es contrastarlo con estas dos definiciones.

Emisores

El emisor es, según el mismo artículo 3, «la persona jurídica que se inscribe en el Registro del Mercado de Valores para realizar una oferta pública de valores, previa autorización de la Superintendencia». La emisión se documenta en un prospecto, que la ley define como el documento público que contiene «las características concretas de los valores que se ofrecen y, en general, los datos e información relevante respecto del emisor».

Una vez inscrito, el emisor asume obligaciones permanentes. La más visible es informar los hechos relevantes, definidos como el hecho o evento que «pudiera afectar positiva o negativamente su posición jurídica, económica o financiera, o el precio de los valores en el mercado». A esto se suman las reglas sobre información privilegiada y manipulación de mercado, que alcanzan a ejecutivos, accionistas de control y asesores.

La ley distingue además al emisor diferenciado. Son el Gobierno Central, el Banco Central, los organismos multilaterales de los que el país es miembro y ciertos gobiernos y bancos centrales extranjeros, que siguen reglas propias.

Intermediarios de valores

El artículo 155 reserva la intermediación a los intermediarios de valores. Se considera intermediación la realización habitual de actividades como «La negociación de valores inscritos en el Registro por cuenta propia o de clientes», el corretaje y «La colocación primaria de valores en los mecanismos centralizados de negociación». Son actividades «de competencia exclusiva de los intermediarios de valores».

Quien hace estas actividades sin inscripción incumple la ley aunque no se presente como puesto de bolsa. El Reglamento para los Intermediarios de Valores desarrolla sus requisitos de capital, conducta y gestión de riesgos. Su artículo 121 les prohíbe invertir o intermediar con activos virtuales, «aún si tales instrumentos son reconocidos como valores en otras jurisdicciones» (Reglamento para los Intermediarios de Valores).

La ley también define deberes de conducta que se aplican a diario. El deber de mejor ejecución, por ejemplo, obliga a adoptar «las medidas razonables para obtener el mejor resultado posible para las operaciones y transacciones en el mercado de valores».

Fondos de inversión

El fondo de inversión es, según el artículo 3, «un esquema de inversión colectiva mediante un patrimonio autónomo que se constituye con el aporte de sumas de dinero de personas físicas o jurídicas, denominadas aportantes, para su inversión, por cuenta y riesgo de los mismos». Lo administra una sociedad administradora de fondos de inversión, que también es participante regulado.

El patrimonio autónomo es la pieza que da seguridad al inversionista. La ley lo define como un patrimonio «inembargable, independiente y separado, tanto jurídica como contablemente, del patrimonio, tanto de la persona jurídica que lo administra como de cualquier otro patrimonio que ésta administre».

Fideicomisos de oferta pública y titularización

El fideicomiso de oferta pública combina dos leyes. La Ley núm. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso lo define en su artículo 60 como «la modalidad de fideicomiso constituido con el fin ulterior y exclusivo de respaldar emisiones de oferta pública de valores realizadas por el fiduciario, con cargo al patrimonio fideicomitido». El párrafo I del mismo artículo lo somete a la ley del mercado de valores y a la supervisión del regulador de valores.

La titularización sigue una lógica parecida. La Ley 249-17 la define como el proceso de agrupar «bienes o activos generadores de flujos de caja, mediante la creación de un patrimonio separado administrado por una sociedad titularizadora, o de un fideicomiso de oferta pública administrado por un fiduciario autorizado».

Estas figuras permiten a una empresa convertir activos ilíquidos en financiamiento sin endeudarse. Estudié un caso concreto en Fideicomiso de Inversión Inmobiliaria (REIT) como Estrategia de Desinversión para Activos de Escasa Liquidez: Estudio de Caso Multiplaza FR No. 02.

Prevención de lavado

La Ley núm. 155-17 incluye en su artículo 32 a los intermediarios de valores, los puestos de bolsa, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las sociedades titularizadoras, las fiduciarias, el depósito centralizado de valores y los «Emisores de valores de oferta pública que se reserven la colocación primaria». Todos deben tener programas de cumplimiento, debida diligencia y reporte.

El procedimiento sancionador

La SIMV puede sancionar, y la forma en que lo hace está sujeta a garantías. El artículo 35 de la Ley núm. 107-13 dispone que «La potestad sancionadora de la Administración Pública sólo podrá ejercerse en virtud de habilitación legal expresa».

La Suprema Corte de Justicia lo aplicó al mercado de valores. En su sentencia núm. 33 del 28 de junio de 2017, la Tercera Sala casó una decisión que había validado una sanción del entonces Consejo Nacional de Valores. Sostuvo que el debido proceso del artículo 69 de la Constitución aplica a las actuaciones administrativas, «máxime en el presente caso en que el acto administrativo cuestionado fue dictado por la Administración Pública en ejercicio de su potestad sancionadora, lo que implica que dicho acto debió ser dictado atendiendo a los principios del debido proceso para asegurarle al presunto infractor todas las garantías tendentes a preservar su derecho de defensa y su derecho a audiencia». Y calificó de «erróneo y contrario al debido proceso» el criterio de que conceder plazos para la defensa fuera una facultad discrecional de la Administración.

Para un participante sancionado, esto abre la puerta a revisar no solo el fondo de la imputación sino también la forma en que se le permitió defenderse.

Cómo trabajo en esta área

Asesoro a emisores en la estructuración de emisiones y en sus obligaciones de información, a intermediarios y administradoras en su cumplimiento regulatorio, y a empresas que quieren captar capital y necesitan saber si su operación es una oferta pública. También acompaño procedimientos sancionadores ante la Superintendencia y los recursos que siguen.

Si estás evaluando una emisión, una estructura de fideicomiso o un requerimiento de la SIMV, puedes escribirme.